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Diciembre 15 de 2025
Por Margarita de la Rosa
Así lo dejó claro la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al advertir que esta decisión judicial corresponde apenas a una primera fase y que una segunda etapa del proceso ya está en marcha.
Ese anuncio obliga a mirar más lejos y más arriba. Porque, si bien es justo que respondan quienes ejecutaron el fraude, también debe exigirse responsabilidad a las instancias que tenían el deber legal de supervisar, regular y fiscalizar, y que no actuaron a tiempo.
Desde hace al menos cuatro años, el rumor público, las quejas de afiliados y las alertas en distintos espacios advertían que algo grave ocurría en Senasa. Sin embargo, los organismos llamados a prevenir, controlar y corregir desviaciones guardaron silencio, permitiendo que el daño creciera hasta alcanzar dimensiones escandalosas.
Ese silencio no puede despacharse hoy como simple descuido. Fue un silencio institucional prolongado, injustificable, que abre interrogantes legítimas: ¿Quiénes miraron hacia otro lado?
¿Por qué no se actuó cuando ya existían señales claras de alarma?
¿Quiénes fallaron en su deber de proteger los recursos públicos y el derecho a la salud?
La segunda fase anunciada por el Ministerio Público debe servir para romper ese muro de omisiones, llamar a cuentas a quienes debían ser veedores y no lo fueron, y explicar al país por qué los mecanismos de control no funcionaron cuando más se necesitaban.
La justicia no puede conformarse con castigar a los ejecutores materiales del desfalco. La República Dominicana merece una verdad completa, que incluya responsabilidades por acción, pero también por omisión. Solo así se podrá cerrar este capítulo con dignidad institucional y devolverle a la ciudadanía la confianza en el sistema.
Porque, en el caso Senasa, la justicia no puede ni debe quedarse a mitad del camino.
relámpago.net
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